ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Norma: Ley 19.496 Última versión de 21-Octubre-2011, Fecha Publicación: 07-mar-1997

Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.

En estos días en que se realizan las postulaciones a las universidades tradicionales y algunos ya se matriculan en universidades privadas, es importante tener en cuenta una disposición de la Ley de Protección al Consumidor que se refiere precisamente a los contratos de educación que los alumnos firman con estas casas de estudio.

De hecho, la ley pone bajo su jurisdicción los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, aunque sólo en temas como publicidad, adhesión y promociones, no en asuntos como la calidad de la educación o los reglamentos académicos internos.

Lo importante aquí es que en su artículo 3º ter, la ley dice que el alumno puede retractarse del contrato de matrícula firmado ya sea con una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, sin tener que pagar por la educación no brindada y con derecho a que se le restituya el monto ya pagado por matrícula u otros conceptos. Para ejercer este retracto, el estudiante tiene un plazo de diez días desde que se publican los resultados de las postulaciones a las universidades del Consejo de Rectores. Luego, este derecho existe en favor de muchos estudiantes que postulan a las universidades estatales, pero que en caso de dudas sobre su admisión, quieren "asegurarse" matriculándose primero en una universidad privada.

La universidad, instituto o centro de formación técnica tiene a su vez un plazo de diez días, desde que se presenta el retracto, para devolver todos los dineros pagados. Sin embargo, la ley faculta a estas instituciones para que se queden con un porcentaje, por concepto de costos de administración, el cual no debe superar el 1% del arancel anual de la carrera.

No hay que olvidar que en ciertas instancias el estudiante que firma contrato con una institución de educación es considerado un consumidor que paga por un servicio, por lo que corresponde exigir sus derechos como tal.

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